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La Fiscal General James Demanda al Holiday Inn de Rochester por Trabajo Forzado y Tráfico de Personas

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New York Attorney General

NUEVA YORK – Hoy, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a los propietarios y operadores de un ex Holiday Inn en el centro de Rochester, a su contratista de renovación y a la empresa matriz IHG Hotels & Resorts (IHG), acusándolos de explotar a decenas de trabajadores inmigrantes mediante trabajo forzoso, robo de salarios y amenazas de deportación. Una investigación de la Fiscalía General (OAG, por sus siglas en inglés) determinó que los empleados estaban obligados a trabajar hasta 112 horas semanales, muchas veces sin paga, y los dejaban vivir en condiciones peligrosas e inhabitables sin calefacción, electricidad ni agua corriente. Cuando los trabajadores exigían el pago de sus salarios, recibían amenazas de deportación, desalojo o detención. Una trabajadora fue presuntamente agredida sexualmente de forma reiterada por el contratista, Roman Petrik, quien la amenazó con no pagarle si no accedía. La OAG determinó que IHG sabía que los trabajadores estaban siendo explotados, pero siguió beneficiándose económicamente de la renovación, priorizando sus intereses financieros por encima de la seguridad y los derechos de los trabajadores.

“Una empresa que se considera líder en la lucha contra la trata de personas no pueden ignorar cuando los empleados de su propio hotel piden ayuda”, dijo la fiscal general James. “Estos trabajadores vinieron a Nueva York a ganarse la vida honradamente. En su lugar, los estafaron con el pago, los dejaron sin calefacción en pleno invierno en Rochester y los amenazaron con deportarlos por hablar. Mi oficina hará que cada uno de estos acusados ​​rinda cuentas y lucharé para que estos trabajadores reciban cada dólar que se ganaron”.

La OAG puso en marcha una investigación sobre Petrik y su constructora luego de recibir reportes de posible explotación del Worker Justice Center of New York y de Enlace. La OAG determinó que Petrik había reclutado a trabajadores de diversos estados y países para renovar el Holiday Inn de Rochester, propiedad de Nayan Patel y su empresa. Habían prometido pagarles por hora y darles alojamiento en el hotel como parte del trabajo, pero a las dos semanas de empezar, los pagos casi desaparecieron. La fiscal general James alega que Petrik retrasaba y retenía los salarios de manera rutinaria dejando a varios empleados sin cobrar durante meses.

La investigación puso al descubierto que los empleados solían trabajar jornadas de 10 a 13 horas, seis días a la semana, acumulando entre 60 y 80 horas semanales más o menos. A veces, sobre todo con motivo de las inspecciones de IHG y los plazos de entrega de las obras, se les obligaba a hacer hasta 98 o 112 horas en una sola semana. A un empleado, al que le habían prometido $18 dólares la hora, le tocó trabajar unas 68 horas por semana a lo largo de 29 semanas. Pese a que le correspondían unos $30,506 dólares, Petrik supuestamente le abonó únicamente $2,200 dólares en todo ese tiempo.

La fiscal general James sostiene que, cuando los empleados reclamaron sus sueldos y realizaron huelgas, Petrik se rio de ellos, les dijo que los agentes de inmigración visitaban el hotel con frecuencia y aseguró que podía hacer que los deportaran en cualquier instante. El dueño, Patel, supuestamente le dijo a los empleados que tenía contactos cercanos con el “jefe de migración” y que los deportarían sin pagarles jamás. Los dos hombres habrían amenazado con echar a la calle a quienes pararan de laborar. Ciertos empleados no podían pagar la comida de sus familias, y por lo menos tres de ellos fueron desalojados de forma ilegal tras exigir sus sueldos.

La OAG también tuvo conocimiento de que Petrik utilizó su control sobre los salarios para acosar sexualmente y agredir a una trabajadora. Poco después de su llegada en agosto de 2023, le dijeron que, si quería cobrar, tendría que ir a la habitación de hotel de Petrik. Según alega la demanda, cuando ella se marchó, Petrik la siguió hasta su propia habitación, le dio un puñetazo en el estómago y la agredió sexualmente. Él le dijo que nunca recibiría su pago y que sería despedida a menos que cediera a sus exigencias sexuales; además, la agredió en repetidas ocasiones a lo largo de diciembre de 2023. Poco después, la mujer huyó del hotel, a pesar de que nunca le pagaron por su trabajo, y terminó sin hogar. La OAG descubrió que Petrik siguió hostigándola hasta al menos hasta marzo de 2026.

La fiscal general James también afirma que Patel y Petrik expusieron a los trabajadores y a sus familias, incluidos los niños, a condiciones de vida peligrosas en el hotel. Al principio vivían en el quinto piso, pero en septiembre de 2023 los trasladaron al séptimo piso, que estaba abandonado, para dejar espacio a los huéspedes de pago. El séptimo piso estaba fuera de servicio desde al menos 2016 y no reunía las condiciones para ser habitado, ya que no tenía electricidad, agua corriente, baños ni duchas que funcionaran ni sistemas de climatización. Las puertas no cerraban con llave y la mayoria de las habitaciones estaban plagadas de bichos y alimañas. Los empleados y sus hijos pasaron el invierno allí sin calefacción. Patel incluso bloqueó los intentos de los empleados por hacer que sus habitaciones fueran más habitables, incluidos los esfuerzos para instalar baños improvisados y mejorar la ventilación. Estas condiciones enfermaron a los trabajadores; algunos quedaron incapacitados para trabajar debido a la exposición al polvo de la construcción, a la pintura y al frío extremo. A los trabajadores también se les negó el permiso por enfermedad remunerado exigido por ley.

La investigación de la OAG determinó que, a pesar de presentarse públicamente como líder en la lucha contra la trata de personas, IHG sabía del trabajo forzado empleado para renovar el hotel y sacó provecho de la situacion. IHG impuso la remodelación como requisito para la licencia Holiday Inn del hotel, determinó su alcance y supervisó los trabajos durante todo el proceso. Durante una visita el 14 de junio de 2024, IHG inspeccionó la séptima planta, fotografió las habitaciones y habló directamente con los trabajadores. Ellos les dijeron que llevaban más de ocho meses sin recibir su sueldo, vivían en condiciones infrahumanas y que los amenazaban con deportarlos si pedían que les pagaran.

Los directores de IHG informaron lo que aprendieron a un vicepresidente regional de IHG. Cuatro días después, ese mismo directivo le escribió a Patel por correo electrónico que los “ocupantes ilegales” del séptimo piso representaban “riesgos de seguridad y reputación” para la marca Holiday Inn y que era su responsabilidad de sacarlos. IHG ofreció después volver a incluir el hotel en su sistema de reservas, dio más tiempo a Patel para pagar los $96,350.50 dólares de cuotas atrasadas y perdonó más de $13,000 dólares en intereses. La fiscal general James afirma que IHG no intentó saber si se les había pagado a los trabajadores, y que ningún empleado de IHG implicado avisó de la situación a la línea de denuncias de la propia empresa. Al mes siguiente, IHG le escribió a Patel para decirle que se alegraba de que el problema con los “ocupantes ilegales” se hubiera solucionado y que tendría que realizar el curso de la empresa contra la trata de personas.

La demanda interpuesta hoy ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado de Monroe, alega que Petrik, Patel y sus empresas infringieron la Ley de Reautorización Para la Protección de Víctimas de Trata (Trafficking Victims Protection Reauthorization Act o TVPRA por sus siglas en ingles) al someter a trabajadores a trata de personas y obtener su mano de obra mediante amenazas de deportación, desalojo y perjuicios económicos. Se afirma que IHG violó la misma ley al sacar provecho, con pleno conocimiento, de un negocio que sabía o debió saber que se basaba en trabajo forzado. La fiscal general James también afirma que el contratista, Petrik, infringió la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York al someter a una empleada a acoso sexual y a un ambiente laboral hostil, e incumplió la Ley Laboral de Nueva York al no pagar el salario mínimo, los salarios prometidos y las horas extra, por hacer deducciones ilegales y por negar el permiso por enfermedad remunerado. La demanda alega que tanto Patel como Petrik tomaron represalias ilegales contra los trabajadores, lo cual constituye otra infracción de la Ley Laboral.

La fiscal general James busca el cobro de los salarios no abonados, restitución, indemnizaciones y multas para los trabajadores, así como la restitución de los beneficios que cada uno de los demandados obtuvo por su trabajo. La demanda también le pide a la corte que le impida a Petrik y su empresa de renovaciones y a Patel y a su empresa el negocio hotelero que no operen sus negocios en Nueva York.

“Nuestros defensores comunitarios tomaron el tiempo para escuchar y ganarse la confianza de los trabajadores. A medida que esa confianza creció, los trabajadores se sintieron seguros para contarnos lo que sucedía dentro del hotel. Algunos nos dijeron que llevaban meses sin cobrar y que, cuando reclamaban sus salarios, su empleador amenazaba con llamar al ICE. Enlace llevó sus preocupaciones a la oficina de la Fiscal General James y al Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York”, dijo Irene Sánchez, Directora Ejecutiva de Enlace Services, Inc. “A lo largo de la investigación, hemos ofrecido un manejo completo de casos y servicios migratorios. Nuestros defensores han ayudado a familias a poner comida en la mesa, obtener atención médica y encontrar otros tipos de apoyo en la comunidad. Los trabajadores deben saber que pueden contar con ese respaldo mucho después de hablar por primera vez. Por eso, instamos a las agencias locales a mantener sus servicios separados de las labores de control migratorio del ICE. Todo trabajador debería sentirse seguro al denunciar abusos o pedir ayuda, sin temor a ser deportado”.

“Estos trabajadores y sus hijos pequeños quedaron atrapados en condiciones peligrosas e inhabitables, sin recibir pago alguno y sin tener adónde ir”, señaló Olivia Post Rich, Abogada Sénior del Worker Justice Center of New York. “Demostraron un valor inmenso al defender sus derechos, a pesar de las amenazas y los abusos que sufrieron. Esperamos que esta demanda envíe un mensaje claro: Nueva York no tolera la explotación de los miembros más marginados de nuestra comunidad”.

Este asunto está a cargo de las fiscales generales adjuntas Abigail Ramos y Laura Revercomb, la coordinadora de Justicia Social Francisca Montana, la auditora investigadora Erica Ciccarelli y la investigadora Yuliya White, bajo la supervisión de la jefa de la Sección de Cumplimiento Civil, Fiona Kaye; el jefe adjunto de la Oficina, Young Lee; y la jefa de la Oficina de Asuntos Laborales, Karen Cacace. La Oficina de Asuntos Laborales forma parte de la División de Justicia Social, la cual está bajo la supervisión de la fiscal general adjunta principal, Meghan Faux.

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